La parálisis cerebral es un trastorno neurológico permanente que afecta la postura, el movimiento y, en muchos casos, otras funciones corporales. No es progresiva, pero sus secuelas perduran y requieren de apoyos constantes.
En personas con parálisis cerebral severa, la dependencia de cuidadores es total: necesitan asistencia para movilizarse, alimentarse, higienizarse y participar de actividades cotidianas. Esto convierte el acceso a centros especializados en un elemento clave para su calidad de vida y su inclusión social.
El desafío de sostener un espacio esencial
La Fundación Prisma dirige un Centro Educativo Terapéutico (CET) que recibe a jóvenes y adultos con parálisis cerebral mayores de 21 años. El 82% de los concurrentes presenta un severo trastorno motor y la mayoría utiliza silla de ruedas, no controla esfínteres y requiere asistencia permanente para su higiene y alimentación.
Cada concurrente necesita la presencia de personal profesional capacitado para tareas básicas, lo que implica disponer de tantos trabajadores como personas asisten al centro. Esto eleva de manera considerable los costos operativos.
Aunque la ley 24.901 establece el financiamiento de las prestaciones básicas para personas con discapacidad, el valor actual del nomenclador es insuficiente para cubrir los salarios y gastos de funcionamiento. “No recibimos apoyo estatal, salvo una ayuda puntual del Gobierno de la Ciudad que apenas cubrió el 25% de nuestra facturación mensual en julio”, explican desde la Fundación.
Si el CET dejara de funcionar, los jóvenes con parálisis cerebral quedarían sin tratamientos ni espacios de socialización, condenados al aislamiento. Esto también afectaría a sus familias, muchas de las cuales deberían reorganizar sus trabajos para asumir el cuidado diario.
“Si no existieran CET como Prisma, los jóvenes con parálisis cerebral de más de 21 años estarían condenados al aislamiento y sin posibilidades de insertarse en la sociedad”, advierten. En muchos casos, los padres son adultos mayores con limitaciones físicas, lo que hace aún más urgente sostener el servicio.
Desde la institución, remarcan: “El Estado debe velar por el cumplimiento de la ley 24.901 y actuar en defensa de quienes no pueden reclamar por su propia condición. La sociedad ya estableció cómo cuidarlos, ahora corresponde que los representantes estén a la altura”.
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