El Gobierno desreguló el sector eléctrico: cuáles son los principales cambios

Mediante el Decreto 450/2025 se oficializaron una serie de reformas que van desde las facturas que llegan a los usuarios al desarrollo de infraestructura, a fin de eficientizar el sistema

El Gobierno desreguló el sector eléctrico con el objetivo de lograr “un mercado eléctrico más eficiente, competitivo, abierto y transparente”. Las modificaciones y reformas estructurales dispuestas alcanzarán al comercio, los contratos, proveedores, facturas de los usuarios e infraestructura.

A través del Decreto 450/2025, que aprueba las adecuaciones a las leyes 15.336 (Régimen de Energía Eléctrica) y 24.065 (Marco Regulatorio Eléctrico), el Ejecutivo definió las bases jurídicas para una reforma estructural del sector eléctrico que consideran que beneficiará al usuario y tendrá al sector privado como actor clave.

En los considerandos de la norma se afirma: “Se ha recurrido a un complejo régimen de subsidios a la demanda y contratos de renta asegurada (costo plus) para nueva generación, con un impacto significativo en el Tesoro Nacional y una progresiva ineficiencia general, provocada por la opacidad de los criterios regulatorios y la distorsión de las señales económicas”.

Ahora, “se busca alcanzar un reordenamiento progresivo del funcionamiento del mercado eléctrico y de sus mecanismos de asignación de recursos técnicos y económicos para atraer la incorporación de capital privado de riesgo, descentralizando progresivamente las decisiones sobre inversiones y precios y concentrando la responsabilidad del Estado Nacional en el diseño y aplicación de políticas públicas superiores y en la regulación y el control que resulten necesarios”, indican.

De acuerdo a la Secretaría de Energía, “durante 20 años, el Estado había gastado más de 105.000 millones de dólares en sostener un sistema eléctrico ineficiente, manipulado y cerrado, que había desincentivado a la inversión. Esa etapa concluyó con este Gobierno y comenzó una nueva basada en la libertad, la competencia y en asegurar el suministro a largo plazo con mayor eficiencia”.

Según el Gobierno, durante 20 años, el Estado había gastado más de 105.000 millones de dólares en sostener un sistema eléctrico ineficiente, manipulado y cerrado, que había desincentivado a la inversión (AP foto/Alejandro Granadillo)

Las principales transformaciones que impulsa el decreto son:

• Se habilita la apertura total al comercio internacional de energía eléctrica, con reglas claras y previsibles. El Estado solo podrá objetar operaciones por razones técnicas o de seguridad del suministro.
• Se restablece y fortalece la posibilidad de celebrar contratos de compraventa entre privados, revirtiendo lo establecido en 2013, para promover previsibilidad, estabilidad en el abastecimiento e inversiones de largo plazo.
• Se ratifica la libre elección del proveedor por parte de los usuarios finales, garantizando que los consumidores puedan decidir con quién contratar su energía, sin obstáculos regulatorios ni trabas operativas.
• Se introducen mecanismos regulatorios para que el usuario sepa qué paga. Su factura no podrá incluir tributos de orden local ni cargos ajenos a los bienes y servicios efectivamente facturados.
• Se establecen múltiples alternativas para el desarrollo de la infraestructura de transporte eléctrico, procurando la inversión privada, habilitando la libre iniciativa a propio riesgo.

El decreto también apunta a desconcentrar el mercado de combustibles para generación eléctrica, permitiendo que los productores eléctricos contraten libremente su abastecimiento. Para ello, prevé dictar normas específicas contra posiciones dominantes.

La norma también instruye a la Secretaría de Energía a definir mecanismos para transferir progresivamente a distribuidores y grandes usuarios los contratos de compraventa suscritos con CAMMESA en representación de la demanda del mercado mayorista.

Además, y de manera coordinada con el proceso de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que lleva adelante la Secretaría de Energía, el decreto fija un período de transición de 24 meses, durante el cual se deberá adecuar toda la normativa complementaria y garantizar una implementación gradual, ordenada y previsible de esta transformación.

“El Gobierno Nacional le devuelve al sector eléctrico su verdadera esencia: una industria basada en la inversión privada, la autosuficiencia económico-financiera, las señales de mercado y la libertad de elección”, indican fuentes oficiales.

El decreto se enmarca en la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, previsto en la Ley 27.742, que asumirá las funciones del ENARGAS y el ENRE una vez constituido.

La decisión afecta directamente a los trabajadores y estructuras de los organismos actuales, así como a las empresas y usuarios de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural y electricidad bajo jurisdicción federal.

El directorio del nuevo ente estará compuesto por cinco miembros, designados por el Poder Ejecutivo, entre profesionales con antecedentes técnicos y experiencia en la industria del gas y la electricidad. Los mandatos durarán cinco años y podrán renovarse indefinidamente, con ceses escalonados para garantizar la continuidad institucional.