Una niña ganó una demanda de USD 300.000 tras el sacrificio de su cabra incautada ilegalmente

La disputa legal por Cedar, reveló tensiones entre las normas de las ferias ganaderas y los lazos personales con los animales en la ciudad estadounidense

Una familia de California, encabezada por la madre, Jessica Long, había adquirido en ese año a una cabra llamada Cedar para que su hija participara en un programa juvenil de ganadería de la Feria del Distrito de Shasta, donde los jóvenes aprenden a criar y cuidar animales que luego son subastados para consumo.

Cuando llegó el momento de vender a Cedar en la feria, la niña ya había desarrollado un fuerte vínculo con el animal. Los organizadores del evento le comunicaron a la familia la decisión de sacrificarla junto a las demás cabras. La niña no podía soportar esa idea. A pesar de las súplicas de la madre, los encargados insistieron en que esta cabra debía permanecer en la subasta para luego ser consumida debido a las normas, que prohíben retirar a los animales una vez inscritos.

En el evento, el senador Brian Dahle, una figura política influyente en California, ofreció la suma más alta por Cedar, de 902 dólares. Sin embargo, después de la subasta, Dahle accedió a cancelar la compra para que Cedar pudiera regresar con la niña, una vez que la madre pagara la comisión de $63 que correspondía a la feria. Sin embargo, más tarde la administración de la feria rechazó liberarla. Ante esta negativa, Long retiró a Cedar de la feria y la trasladó a una granja en Sonoma, a unos 320 kilómetros de California, intentando así protegerlo de un sacrificio inminente.

Aunque la madre ofreció cubrir cualquier pérdida generada por la retirada de Cedar y envió una carta a los organizadores explicando que su hija había pasado por la reciente pérdida de tres abuelos, el pedido fue ignorado. Según información de Independent, la administración de la feria amenazó con presentar cargos de “hurto mayor” si Cedar no regresaba, a pesar de que la familia aún era legalmente propietaria del animal. Esto llevó a un conflicto que involucraría finalmente al Departamento del Sheriff del Condado de Shasta.

A pesar de los intentos de la familia, el caso se intensificó cuando el departamento de policía obtuvo una orden de registro para inspeccionar la granja Bleating Hearts Farm and Sanctuary, en el condado de Napa, donde supuestamente ocultaban a Cedar. Los agentes del sheriff recorrieron cerca de 500 millas de ida y vuelta para buscar al animal.

Sin embargo, al llegar a la granja, descubrieron que Cedar no se encontraba en ese lugar. Luego, sin una orden judicial, lograron ubicar al animal en otra granja y lo confiscaron, trasladándolo de regreso a la feria, donde aparentemente fue sacrificado y su carne distribuida en una parrillada comunitaria. Según los documentos citados por Courthouse News Service, la niña quedó devastada por la pérdida y la familia buscó compensación por los daños emocionales y la actuación que consideraban ilegal de los oficiales.

La historia de Cedar expuso cuestionamientos sobre el trato de los animales como propiedad. Tras la confiscación y sacrificio de la cabra, la familia demandó a las autoridades y obtuvo un acuerdo de $300,000, impulsando el debate sobre los derechos de los animales y el uso de recursos públicos (Advancing Law for Animals)

La organización Advancing Law for Animals, que representó a la familia en el caso, resaltó que este conflicto iba más allá de Cedar, abordando la problemática del “exceso de autoridad gubernamental” y la percepción de que los animales son tratados únicamente como propiedad. La abogada Vanessa Shakib, defensora de la familia, declaró a SF Gate que el propósito de la demanda era proteger a futuras familias de situaciones similares y crear conciencia sobre los derechos de los animales, afirmando que éstos “no son solo propiedad; son miembros de la familia”. Finalmente, llegaron a un acuerdo de 300 mil dólares para la familia por los daños emocionales generados.

Ese monto se dividió en $10.000 destinados directamente a la niña, $65,000 fueron colocados en un fideicomiso, y $35.000 asignados a los honorarios legales. Los $200.000 restantes se destinaron a la familia para cubrir los costos y daños derivados del caso. El abogado del condado, Christopher Pisano, argumentó a SF Gate que sus clientes solo “cumplían la ley” y que acordaron el acuerdo para evitar un juicio prolongado y costoso.