Rebelión de jueces retirados para no pagar el aporte solidario para recomponer la caja de Santa Fe

La reforma previsional que impulsó el gobernador Maximiliano Pullaro para revertir el pasivo millonario que arrastra la Caja de Jubilaciones provincial, sumó un nuevo recurso que busca frenarla.

Se trata de un amparo colectivo que presentaron 18 ex jueces, algunos superan los 80 años y cobran jubilaciones millonarias pero se niegan a aportar entre 6 y 7% durante el período que dure la emergencia.

Los magistrados que presentaron el amparo cobran entre cinco y once millones de pesos y los aportes extraordinarios rondan en promedio los 400 mil pesos según los ingresos. El que más cobra de los 18 rebeldes es Ernesto Pangia que cobra casi 11 millones y debe aportar 650 mil pesos.

Su firma en el amparo llamó la atención en los pasillos de Tribunales porque Pangia se esmeró por mantener perfil bajo. Durante la dictadura cívico militar, junto a su hermano Raúl, se desempeñaron como «agentes de censura» como Personal Civil de Inteligencia.

En febrero del ’77 intervinieron la Biblioteca Vigil para sembrar el terror y saquear una de las instituciones populares más prósperas de Latinoamérica. Los hermanos Pangia formaron parte de «la camarilla», espías y colaboracionistas que hacían el papel de docentes para controlar la institución. Ahora, es Sitio de Memoria.

Lo cierto es que la reforma previsional que prevé un aporte extra para activos y pasivos durante los mese que dure la emergencia. Medidas similares presentaron docentes y estatales con la diferencia que en este caso se trata de los que ganan jubilaciones millonarias desde hace años, se defienden en el ejecutivo.

La reforma se aprobó en medio de disturbios que obligaron a acelerar la sesión y el procedimiento dejó dudas que tuvo que despejar el Poder Judicial. Con el nuevo sistema jubilatorio vigente, aparecieron los amparos y la judicialización.

En medio de la pelea de Pullaro contra la Corte Suprema, la docena y media de jueces que cobran una millonada salieron a cuestionar que tengan que poner un porcentaje mínimo, repiten en el Ejecutivo.