A raíz de esto, la noticia generó un revuelo a nivel nacional y mundial, la revista Forbes expresó «las cifras pintan un panorama brutal: el 86% de los comerciantes que compraron LIBRA perdieron dinero, con pérdidas totales que alcanzaron los 251 millones de dólares«.
«El presidente argentino, Javier Milei, está en problemas después de su breve incursión en el mundo de las criptomonedas que dejó a la oposición pidiendo su impeachment y a un juez iniciando una investigación por fraude«, añadieron en las páginas publicadas.
Forbes no fue el único medio que habló al respecto, sino que hace unas horas, el semanario londinense The Economist publicó una nota titulada como la «desventura cripto de Javier Milei«, en la que señalan que esta sería la «primera vergüenza seria del argentino como Presidente».
Escándalo cripto: la Justicia federal imputó a Javier Milei por estafa y delitos contra el orden financiero
El fiscal federal Eduardo Taiano imputó formalmente al Presidente Javier Milei por negociaciones incompatibles con la función pública, estafa y delitos contra el orden financiero tras una oleada de denuncias presentadas la semana pasada luego de la creación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que dejó cientos de damnificados.
El Ministerio Público consideró que hay elementos suficientes para dar inicio a una investigación que tiene como principal sospechoso al Presidente.
El expediente, que analiza posibles delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho, también involucra a Hayden Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.
Tras la ratificación de las denuncias en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, la jueza María Servini delegó la causa en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Taiano.
En el marco de la causa, se amplió la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, con el propósito de preservar y recuperar evidencia clave.
Asimismo, ordenó una serie de medidas de prueba, entre ellas un pedido de informes al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, a la Inspección General de Justicia (IGJ), y a empresas como Google.
