La red eléctrica no da abasto y el Gobierno busca soluciones para reforzar el suministro

El sistema de distribución colapsó en plena ola de calor, dejando sin luz a más de 740.000 usuarios y afectando el transporte y el comercio. Las mejoras tardarán años en materializarse

“El sistema eléctrico está al borde del colapso. Hoy, ante una mínima falla en el sistema de transporte se producen cortes”, advertía en enero de 2024 el entonces secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para justificar los aumentos tarifarios que se aplicaron al inicio de la gestión de Javier Milei y que continuarán en 2025.

La premisa del exfuncionario, que ahora es director en YPF, era que el congelamiento de tarifas durante las últimas décadas impidió las inversiones para mejorar la red, cuyas obras suelen tardar años en reflejarse en la calidad del servicio. Entre las empresas el diagnóstico era unánime.

Poco más de un año después, la advertencia de Chirillo se materializó. El sistema colapsó en febrero porque no soportó el pico de demanda durante una ola de calor. El miércoles pasado fallas en cables de alta tensión de la empresa Edesur provocaron dos apagones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), especialmente en el centro porteño, con hasta 740.000 usuarios afectados directamente en medio de una sensación térmica que superior a 44 grados.

Más de un millón de personas en el Gran Buenos Aires y el conurbano bonaerense, clientes de la distribuidora Edesur, se vieron afectadas por dos apagones masivos ocurridos en menos de 24 horas este miércoles (Foto: AFP)

Más de 50 personas quedaron atrapadas en ascensores y fueron rescatadas por bomberos en la Ciudad, mientras que pacientes electrodependientes recibieron asistencia. El apagón también generó caos vehicular por la falta de semáforos en servicio, comercios cerrados, subte con servicio interrumpido, trenes detenidos y colectivos desbordados. El viernes, más de 100.000 usuarios seguían sin suministro en el AMBA.

Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), los cortes del miércoles 5 de marzo se debieron a fallas en las líneas de alta tensión Bosques-Hudson 1 y 2 (220 KV) a las 05:24 hs y Costanera-Hudson 1 y 2 (220 KV) a las 12:07 hs. Como resultado, 550.000 y 740.000 usuarios, respectivamente, quedaron sin servicio eléctrico.

El ENRE inició un expediente de oficio para determinar responsabilidades y eventuales sanciones a Edesur. El organismo solicitó a la empresa los informes técnicos correspondientes y la documentación que acredite el mantenimiento realizado en las líneas afectadas.

Desde el sector energético, advierten que la falta de mantenimiento es una de las principales causas de los cortes masivos. En los últimos años, las inversiones en infraestructura eléctrica han sido insuficientes debido a un esquema tarifario que no permitió cubrir costos. Aunque el Gobierno de Milei avanzó en la recomposición de tarifas, el impacto en la calidad del servicio aún no se percibe y las obras necesarias requieren.

En el sector de distribución, Edenor y Edesur planean invertir un total de USD 2.150 millones en los próximos cinco años según la propuesta que hicieron las empresas en la última revisión tarifaria. El Gobierno exige que haya una mejora del servicio sustancial para los próximos años antes de convalidar nuevos incrementos en las facturas. Del total, USD 1.275 millones corresponden a Edenor y USD 875 a Edesur.

Los apagones de los últimos días no afectaron a todas las áreas por igual. Algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y municipios del conurbano bonaerense sufren interrupciones recurrentes y demoras prolongadas en la restitución del servicio.

Según datos recientes, en CABA los barrios más afectados fueron Caballito, Balvanera, Flores y Almagro, mientras que en el conurbano los municipios con mayor cantidad de cortes prolongados incluyeron La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda. En estas zonas, los vecinos denunciaron demoras de hasta 48 horas en la reconexión.

El descontento social se intensifica, y las protestas por los cortes de luz se multiplicaron en distintos puntos del AMBA. Los usuarios exigen respuestas tanto a las empresas distribuidoras como a las autoridades nacionales y provinciales.

Para mitigar la crisis energética en el AMBA, el Gobierno anunció dos proyectos clave: la instalación de sistemas de almacenamiento de energía en baterías y la construcción de la línea de alta tensión AMBA I.

La Secretaría de Energía lanzó la convocatoria “Almacenamiento GBA – AlmaGBA” para contratar 500 MW de capacidad en nodos críticos del AMBA. Este plan, inédito en el país, implica una inversión de USD 500 millones y un plazo de ejecución estimado entre 12 y 18 meses. El objetivo es mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico durante los picos de demanda.

Los sistemas de baterías permitirán inyectar energía al sistema en momentos de déficit, funcionando como una solución temporal mientras se expande el parque generador. Aunque costosa, esta tecnología ya se implementa a nivel mundial como respuesta rápida a crisis energéticas.

Además, la Secretaría de Energía anunció la licitación de la primera fase del plan de transporte de alta tensión para el área AMBA I, una obra de alrededor de USD 1.000 millones que será encarada por el sector privado. El proyecto prevé la construcción de una línea de alta tensión desde Vivoratá a Plomer, con una estación transformadora en Plomer, además de líneas adicionales hacia Ezeiza y Atucha.

Estas obras apuntan a fortalecer el sistema de transmisión en Capital y Gran Buenos Aires, aumentando la capacidad y confiabilidad del suministro eléctrico en una región que concentra casi el 40% del consumo nacional.

Mientras el Gobierno prioriza inversiones en el AMBA por su situación crítica, provincias como Santa Fe y Córdoba exigen obras para reforzar sus sistemas eléctricos. Los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora enviaron una carta al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, pidiendo proyectos en el sistema de transporte de 500 kV, esenciales para las actividades económicas de ambas provincias. Las obras demandarían una inversión de USD 900 millones en total.