Imputaron a exfuncionarios provinciales por entregar “de manera irregular” tres mil hectáreas a Tito López

En el marco de la causa que investiga al dirigente piquetero, Ramón “Tito” López y su familia por lavado de activos, el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, amplió este miércoles la acusación contra quienes favorecieron la maniobra ejecutada por la familia López. Incluyó a empresarios agropecuarios de Charata, una escribana y cuatro expresidentes del Instituto de Colonización del Chaco. Pidió al juez, Ricardo Mianovich, que los cite a indagatoria.

En su requerimiento, el fiscal señaló que los exfuncionarios Raúl John Paris, Marta Soneira, Walter Ferreyra y Cintia Kaplan, con su firma, otorgaron al dirigente piquetero y su familia “en tiempo récord y de manera irregular” unas 3 mil hectáreas de tierras fiscales ubicadas en el Departamento Güemes, en El Impenetrable chaqueño. Estos trámites se realizaron entre los años 2015 y 2020. En total, fueron 11 terrenos.

A Paris, Soneira, Ferreyra y Kaplan los imputó por los delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. Para Sabadini, la “organización ilícita” que conformaba la familia López “contó con la connivencia y participación” de los nombrados, quienes estuvieron a cargo del Instituto de Colonización durante la gestión de Jorge Capitanich.

Por su parte, los hermanos Walter y Diego Brúa, propietarios de las firmas Brúa Hermanos y Smart Capital, dedicadas al negocio agropecuario en Charata, y la escribana, María Artieda, fueron imputados por el delito de fraude contra la administración pública, en carácter de coautores. A los empresarios les sumó la acusación de partícipes necesarios en el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad y por haberse realizado de manera organizada.

La acusación contra los Brúa y Artieda se basó en el hecho de que, a sabiendas de que no podían arrendar ni comprar los campos que el Estado le dio a la familia López, lo hicieron de todos modos. De hecho, la escribana Artieda, quien debería haber velado por la legalidad de la escrituración, insistió en la inscripción definitiva de las escrituras de las tierras en favor de los Brúa ante el Registro de la Propiedad Inmueble, con la presentación de un recurso jerárquico en subsidio, a pesar de haber sido rechazado su pedido por improcedente.

El fiscal indicó que dichas tierras las habrían adquirido por los Brúa por un precio “muy inferior al de mercado” a través de contratos de leasing inmobiliarios que fueron formalizados a través de escrituras públicas irregulares y en contravención de la normativa legal “produciendo ello siderales ganancias ilícitas en fraude al estado provincial”.

“En todos los casos los leasign fueron constituidos a favor de los hermanos Brua, haciéndose notar que si bien se pactó la duración de tales contratos, en un plazo idéntico al de la finalización de prohibición de transferir la propiedad, las escrituras celebradas prevén una cláusula sobre la posibilidad de adelantar cuotas y ejercer la opción de compra, quedando expresamente establecido, que la opción de compra no puede ser rechazada por ningún motivo por el dador, otorgándole en el mismo acto al tomador, un poder especial irrevocable, para efectuar varias acciones, entre ellas, formalizar la transmisión de dominio”, explicó el fiscal.

El leasing, también conocido como arrendamiento financiero, es un contrato mediante el cual una empresa (arrendador) cede el uso de un bien a otra empresa o particular (arrendatario) a cambio de pagos periódicos. Al finalizar el contrato, el arrendatario tiene la opción de comprar el bien por un valor residual previamente acordado.

“Esto da cuenta de la evidente maniobra ilegitima de negocio inmobiliario aquí perpetrado, y en clara violación a las normas que regulan las Tierras Fiscales, obteniendo por ello, tanto el grupo económico de la familia López, como  así los hermanos Walter y Diego Brúa, beneficios económicos fuera de la ley, ello, en razón de que la familia López, adquirió las tierras en una proporción desmesurada y a precio promocional, vulnerando los fines constitucionales que se tuvieron en mira ya que no se le otorgó a la misma la función  social ni productiva, más bien una concentración de la propiedad, en tanto los adquirentes se hicieron de estas tierras por un precio irrisorio en relación a los valores de mercado”, añadió.

MTD 17 de Julio

En la ampliación de la investigación, Sabadini recordó que el trámite de adjudicación de estas tres mil hectáreas de tierra se inició mediante la invocación del “Movimiento de Trabajadores Desocupados 17 de Julio”, del que es referente Tito López, bajo la fachada de finalidad social y productiva, pero con un claro fin de lucro personal, al ser inscriptos tales inmuebles, finalmente, a nombre del dirigente piquetero, su mujer, sus hijos y su nuera.

Esto se hizo bajo condiciones irregulares desde el hecho que no acreditaron antecedentes como productores, registración fiscal, capacidad ni aptitud para producir los campos fiscales otorgados, y no se produjo el afincamiento que prevé la Constitución del Chaco y la Ley de Tierras, suministrando datos falsos u omitiendo otros, al presentarse, actas de vacunación de animales existentes en el campo El Timbo que se encontraría usurpado por los nombrados.

Además, de las sucesivas inspecciones al extenso inmueble rural -efectuados por el Instituto de Tierras Fiscales- se constató la insuficiente e impropia explotación y la existencia de mejoras solo en dos parcelas. También se detectó escasos animales sin identificar, sin presencia de empleados en blanco y estado de abandono en que se encontraba la casi totalidad del campo. Esto se refleja en las escrituras de leasing que firmó la familia López con los hermanos Brúa, con lo que se concluye que el campo nunca se puso en producción racional, no afincó a los titulares, no generó empleo, siendo su único fin el lucro inmobiliario.

Esta situación además fue corroborada por las actas de allanamiento realizadas a pedido de la fiscalía Federal de Resistencia, de las que surge que si bien el inmueble se encuentra alambrado en su totalidad, no hay animales ni maquinarias, existiendo en una extensión de cinco kilómetros por cinco kilómetros, una vivienda de construcción de concreto sin revocar y un quincho, además de observarse taperas y un general estado de abandono, habiendo manifestado en tal oportunidad el cuidador del campo, Javier José Ovejero, que el campo “pertenece a los hermanos Brúa”.

¿Ocupada y trabajada?

Otra irregularidad se observó respecto a los informes de inspección efectuados al momento de la tramitación de los expedientes de adjudicación. En ellos surgió que en la fracción este se encontraba ocupada y trabajada por integrantes del MTD 17 de Julio, en contradicción con el informe técnico del que se desprende que ningún integrante de ese movimiento sería “permisionario directo” de esa tierra. Según los dichos de los cuidadores, aparentemente cada 15 días rotaban en el lugar ya que ninguno de ellos era de la zona. Es decir, se llevaba gente del movimiento social para trabajar en el lugar, como empleados.

Asimismo, en todos los casos, se intimó a los adjudicatarios a que completen la información faltante en cada uno de los expediente iniciados la que no habría sido cumplimentada, lo que da cuenta de que, pese a las inconsistencias o incumplimientos de los requisitos establecidos para las adjudicaciones de las tierras, que se encontraban en conocimiento de dicha cartera estatal- fueron igualmente otorgadas a los aquí imputados.

Así, se advierte respecto al expediente administrativo N° E14-2011-238- E, conformado en relación a la solicitud formulada por David López, uno de los hijos de Tito, que éste se presentó como productor, y en su declaración jurada, manifestó ser jornalero, existiendo en tal expediente, un informe adicional de fecha 28 de abril de 2016, en el que se consignó, que se constató el predio, observando importantes mejoras de gran valor económico como alambrado perimetral completo, cuatro potreros de 250 hectáreas. Y uno de 500 hectáreas, una perforación de 222 metros con motor, una pileta, corral para vacunos, corral para chivos, corral para aves, vivienda de tres habitaciones, otra vivienda que se usa de cocina, luz eléctrica, algunos animales vacunos y unos 200 caprinos.

Este panorama es diametralmente opuesto a lo constatado posteriormente, que fuera plasmada tanto en las escrituras de leasing, como en las actas de allanamiento a tales campos, donde se observó un estado de “abandono y ausencia de las mejoras señaladas”.

Lavado de activos

Cabe recordar que el caso contra Tito López y su familia surgió en virtud de una comunicación que recibió la fiscalía federal de Resistencia por parte del Ministerio Público Fiscal del Chaco, el cual dio cuenta de presuntas maniobras de lavado de activos por parte de López y su familia.

Esto se debe a la reiterada exteriorización patrimonial constatada en los medios de prensa por parte de López, la cual no se condice con el perfil económico del dirigente piquetero. “Tengo 326 terneros que valen 300 mil pesos cada uno y hace poco compré un campo por 200 mil dólares. Mi capital es de 1.600 millones (de pesos)”, aseguró en febrero de este año a medios locales.

¿Qué decía la justicia provincial en su informe? En primer lugar, se dio detalles sobre la usurpación de más de mil hectáreas a un campo privado, por parte de Tito López. El campo se encuentra ubicado en el Potrero 9, del lote 35, sobre Ruta Provincial 49, a unos 17 kilómetros de la localidad de Cote Lai. La ocupación no era novedad: comenzó hace siete años.

Las tierras usurpadas pertenecen a la empresa Timbó SA con domicilio en Buenos Aires, cuyo titular es Atilio Gibertoni, empresario de origen italiano, pero con muchos años de actividad en Argentina, especialmente en el plano agropecuario.

En ese predio rural, López realizó numerosas mejoras, como alambrados, instalación de postes, y construcciones. Se sospecha que ahí también tendría camiones, varios vehículos y habría comprado en septiembre de 2019 varias cabezas de ganado. Se adjuntó a la comunicación de mención copias de denuncias recepcionadas en sede judicial provincial, por parte de los cuidadores del campo usurpado y un disco compacto con imágenes y videos del lugar.

En distintas declaraciones a los medios, antes del escándalo que terminó con él tras las rejas, López había reconocido que efectivamente estaba instalado en ese lugar y que su situación era irregular, pero explicó que no lo hizo a sabiendas, sino que fue por culpa de una supuesta estafa del que había sido víctima.

¿Quién lo estafó? Un tal Luis Gómez. De acuerdo al cuidador del predio rural posteriormente usurpado, Gómez se presentó en 2017 diciendo tener un papel que le entregó el gobierno de la provincia del Chaco que le otorgaba la titularidad sobre el campo. Posteriormente, le habría transferido este papel a Tito López, quien posteriormente se instaló. El predio tiene un tamaño de 1.250 hectáreas, lo que en comparación serían unas 156 veces el tamaño del Estadio Monumental.

Respecto del papel que tenía el tal Gómez, el Registro Único de Beneficiarios del Hábitat informó que el sujeto en cuestión había solicitado un censo en tal lugar, y que luego de las averiguaciones correspondientes, se constató que era un inmueble de propiedad privada, por lo tanto, no se otorgó certificado alguno. Es decir, Gómez mintió. ¿López sabía? ¿O fue estafado, como dijo? Lo deberá dilucidar la Justicia Federal.

Ganado

Quien adquirió el ganado que luego fue a parar al predio ocupado por López fue su hijo, David. Lo compró a la productora agropecuaria, María del Carmen Castelán. En total fueron 154 cabezas de ganado por un monto total de 1.100.000 pesos, equivalente en ese entonces a 17.900 dólares. La compra se hizo en efectivo, sin factura y contra entrega de guía a nombre del comprador. La negociación previa había sido con Tito López.

Aquí surgen las preguntas: ¿Cómo hizo Tito López y su familia para comprar 154 cabezas de ganado en efectivo? ¿De dónde sacó el dinero para alambrar 1250 hectáreas de campo sumado al alambrado destinado a los otros campos que ya tenía en la zona de El Impenetrable, además de construir corrales, adquirir vehículos y maquinarias? ¿Por qué en febrero de este año dijo a los medios de prensa locales que tenía 1.600 millones de pesos de patrimonio, que había comprado hace poco un campo por 200 mil dólares y cada tanto compartía videos de sus viajes a zonas exclusivas, en temporada alta, como la realizada en julio último a Caviahue, un centro de esquí ubicado en la provincia de Neuquén? ¿De dónde obtuvo tanta plata?

Estas inconsistencias abrieron nuevas líneas de investigación que derivaron en el levantamiento del secreto fiscal de Tito López y de su núcleo familiar. Así se determinó que su patrimonio es multimillonario. Tanto él como sus parientes cercanos, tenían a su nombre desde campos y vehículos hasta casas y ganado vacuno. También estaban al frente de fundaciones creadas exclusivamente para facturarle al gobierno del Chaco, por millones de pesos, sin que se comprueben que se hayan realizado contraprestación alguna.

Sin embargo, a pesar de esta fortuna que amasaban, para la AFIP eran casi fantasmas. Sus movimientos e ingresos declarados eran exiguos, prácticamente nulos. Queda de manifiesto, en definitiva, que de acuerdo al blanco que declararon, no tenían la capacidad económica ni financiera para poder afrontar la adquisición de los bienes, inmuebles y demás incrementos patrimoniales observados por la Justicia.

Imputaciones

Sabadini imputó a Ramón “Tito” López, su esposa Librada Romero, y sus hijos David Alberto, Daniel López y Walter Ramón, por el delito de lavado de activos agravado por habitualidad y haberse concretado de manera organizada, todos en calidad de coautores.

Por otra parte, en relación con los delitos precedentes, consideró que los tipos penales que les caben a los nombrados —a los que se suma Débora Acosta, nuera de Tito López— son los de asociación ilícita y fraude a la administración pública, en donde el líder piquetero sería el jefe y organizador, y el resto, coautores.

De acuerdo con el expediente, Tito López, uno de los máximos líderes piqueteros del Chaco, acumuló junto a su familia una gran fortuna en la última década (con compras de vehículos, inmuebles, ganado y viajes al exterior) a través de maniobras presuntamente irregulares, que podrían englobarse en cuatro: el uso indebido de tierras cedidas por el gobierno provincial, que alquiló a empresarios locales; la ocupación ilegal de un campo cercano a Cote Lai, perteneciente a un grupo empresarial de Buenos Aires, donde estableció su negocio ganadero; la recepción masiva de fondos del Instituto de Agricultura Familiar del gobierno de Chaco, los cuales, en lugar de ser invertidos en proyectos productivos, habrían sido desviados; y, finalmente, la evasión de impuestos.