El sector vitivinícola reclamó no pagar las retenciones introducidas en la Ley ómnibus

La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) planteó este miércoles a legisladores nacionales de las provincias vitivinícolas la necesidad introducir modificaciones en la Ley Ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, por el impacto negativo de la propuesta de aplicación de derechos de exportación al sector.

El artículo 205 del llamado “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” propone fijar en 8% la alícuota de derecho de exportación “para todas las mercaderías correspondientes al complejo vitivinícola», recordaron desde la entidad.

El objetivo de la reunión fue informar a los legisladores de las distintas fuerzas políticas sobre el impacto negativo que estos derechos de exportación tendrían sobre toda la oferta exportable de Argentina, y solicitarles que no acompañen este artículo y mantengan como hasta ahora a la vitivinicultura sin tener que pagarlos.

Del encuentro participaron, por parte de Coviar, su presidente Mario González; el vicepresidente José Alberto Zuccardi; el presidente de la Cámara de Productores Vitícolas de San Juan y miembro del Directorio José Molina; y el gerente general Carlos Fiochetta.

Por su parte, los legisladores que estuvieron presentes fueron Juan Carlos Pagotto (LLA La Rioja); Fernando Rejal (UP La Rioja); Luis Picat (UCR Córdoba); Anabel Fernández Sagasti (UP Mendoza); Adolfo Bermejo (UP Mendoza); Pamela Verasay y Lisandro Nieri (UCR Mendoza); Mariana Juri (Cambia Mendoza); Pablo Cervi (UCR Neuquén); Oscar Parrilli (FdT Neuquén); Celeste Giménez Navarro (FdT San Juan); Jorge Chica (UxP San Juan); Walberto Allende (PJ San Juan); Daniel Bensusán (PJ La Pampa); Cristina López (PJ Tierra del Fuego); Guillermo Andrada (UxP Catamarca); y José Mayans (FdT Formosa).

También fueron de la partida los senadores y los exgobernadores Sergio Casas (La Rioja); Lucía Corpacci (Catamarca); y Sergio Uñac (San Juan).

“La aplicación de derechos de exportación al sector afectaría directamente a toda la cadena vitivinícola, principalmente al sector primario atentando contra la generación de empleos, la competitividad externa y la atracción de inversiones de una industria presente hoy en 18 provincias”, sostuvo González.

Pagotto planteó que existen desfasajes del mercado de los cuales no es ajeno el Estado: “La presión tributaria que tiene este país es terrible y es uno de los problemas que debemos atacar por encima de todo».

Por su parte, Picat señaló: “Estamos en contra de cualquier impuesto distorsivo y aumento de nuevos impuestos a los productos incluidos en el artículo presentado por el Ejecutivo, que nos saca del mercado”.

En tanto, Fernández Sagasti reafirmó el compromiso de trabajar intensamente y generar los consensos para que se modifique este artículo y agregó: “El sentido común nos dice que las economías regionales no tienen que estar gravadas».

Por último, Uñac afirmó: “nos llevamos el compromiso de generar el justo equilibrio para proteger al productor y al industrial en todo sentido”.

El derecho de exportación sobre el vino del 8% propuesto (que actualmente es de 0%) pasaría a representar 71,3% de lo que se cobra específicamente por litro de vino exportado, según el Observatorio Vitivinícola Argentino.

«Implica una pérdida de competitividad y de mercados, caída en las ventas al exterior, especialmente pymes que dejarán de exportar y mayores excedentes de producción que se orientarán al mercado interno frente a la imposibilidad de poder venderlos en los mercados externos, generando una mayor oferta que presionará a la baja sobre los precios, afectando a los productores de uva y a las pymes», concluyeron desde la Coviar.