El Gobierno dio de baja 2.400 contratos irregulares que la asociación que nuclea a las concesionarias de autos tenía en un ministerio

Luego de más de un mes de conflictos gremiales y negociaciones para que la mayoría acepte un retiro voluntario, las autoridades lograron reducir la plantilla de empleados que pagaba un ente cooperador, pero trabajaban en distintas dependencias del Estado

El Gobierno anunció a través de su vocero, Manuel Adorni, la finalización de más de 2.400 contrataciones irregulares en el Ministerio de Justicia que pagaba el ente cooperador ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores). Según dijo Adorni, habían “sido contratados de manera espuria por décadas, por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público conocido como el SINEP”.

Son unos 400 de esos empleados los que trabajaban en la Dirección Nacional de Registros del Automotor (DNRPA), mientras que el resto eran personal contratado hace casi 20 años bajo esa modalidad y que cumplían funciones en otras dependencias de Justicia, y que llegaban incluso a incluir personal de limpieza de varias dependencias en todo el país.

En todos los casos, ese personal recibía su salario pagado por ACARA. El proceso de reordenamiento comenzó más de un mes atrás, cuando el ministerio ofreció un retiro voluntario en la DNRPA que la mayoría de los empleados no aceptó por considerarlo insuficiente. El retiro original contemplaba hasta 18 cuotas de montos equivalentes a los sueldos, pero los trabajadores no aceptaron porque la mayoría tienen más de 20 años de antigüedad.

A raíz de esa situación, que para el gobierno era una interna sindical provocada por ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), generó un paro que afectó varias áreas de competencia de la DNRPA como la que confecciona los certificados de importación de automotores, lo que generó que se acumularan por más de dos semanas, unos 15.000 expedientes de autos importados que no se podían entregar a los compradores.

La escala del conflicto llevó al Gobierno a amenazar a los trabajadores con una denuncia penal si persistían en el modo de hacer la protesta, aunque paralelamente se extendió la fecha original de finalización del plazo para acogerse al retiro voluntario, del 27 de noviembre al 5 de diciembre.

El conflicto llegó a un paro de actividades que demoró 15.000 certificados de importación de automóviles

Finalmente, en esa segunda fecha consiguieron que la mayoría de los 400 empleados de la DNRPA se adhiriera al retiro del gobierno, ya que, informalmente se les comunicó que ACARA no tenía fondos para asumir las indemnizaciones que correspondían por la antigüedad de cada persona, y que seguramente tendrían que apelar a un juicio contra el estado para cobrar a un plazo “que puede ser de unos diez años”, según se les dijo.

De este modo, no se trata de despidos en todos los casos, sino de una finalización de la condición en la que ese personal estaba contratado. “Quienes no adhirieron al retiro voluntario serán los que despidan. Muchos de nosotros ayer fuimos a ACARA a firmar el retiro voluntario”, dijo un empleado de la DNRPA a Infobae este martes.

“Una vez que se haya normalizado la situación, el gobierno hará una evaluación de las necesidades de personal y les ofrecerá a quienes considere necesarios, una recontratación en los términos que especifica la ley”, comentaron desde fuentes del gobierno.

Además, el vocero presidencial anunció que “se suprimió el pago de incentivos al personal del ministerio, que representaba un gasto anual de 15.600 millones de pesos. Estos incentivos se pagaban, en principio, para que el personal se capacite. Pero, por supuesto, como todas estas cosas en el Estado, se terminaron desvirtuando y se terminaron convirtiendo en parte del sueldo sin que del otro lado haya ningún tipo de capacitación ni nada que lo justifique”, dijo Adorni.

Estos son los famosos “sobresueldos de ACARA”, de los que se sabe hace décadas, y que se pagaban a empleados del Ministerio de Justicia por parte del ente recaudador, que es el encargado de confeccionar y distribuir a través de la comercialización de todos los elementos registrales de automotores en Argentina, como formularios, cédulas y patentes.

Adicionalmente, se anució que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que depende del Ministerio de Transporte, puso fin al monopolio que mantenía el sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA), en relación con las capacitaciones obligatorias que requerían a los conductores para sacar la licencia profesional, por lo que el gremio recibía anualmente más de 11 mil millones de pesos desde el año 2019.

“El Presidente Javier Milei tiene un mandato claro: eliminar las cajas de la política y terminar con los negocios espurios que beneficiaron a unos pocos en detrimento de la mayoría”, dijo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “En esta nueva Argentina no hay lugar para los privilegios ni para las estructuras que saquearon al país”, finalizó.