CHACO La Justicia Federal le prestó dos vehículos a un intendente chaqueño acusado de malversar fondos públicos

Se trata de Zenón Cuellar. A pesar de estar siendo investigado por la Justicia Federal por presuntos desmanejos con fondos ambientales en la causa “Mafia del Desmonte”, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hizo lugar al pedido del jefe comunal de El Espinillo y le prestó dos vehículos los cuales, supuestamente, serán utilizados para abastecer de agua a parajes cercanos.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hizo lugar al pedido del intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar, para que se le haga entrega en calidad de depositario judicial de dos vehículos decomisados que estaban en custodia de Gendarmería. Lo paradójico del caso es que Cuellar está siendo investigado por la misma Justicia Federal por presuntos desmanejos de millonarios fondos destinados a la protección ambiental en el marco de lo que se conoce como la causa “Mafia del Desmonte”.

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Con el argumento de brindar agua potable y otros servicios básicos a parajes y colonias que están bajo su jurisdicción, el intendente de El Espinillo solicitó a la Justicia Federal que se le asigne un vehículo en calidad de depositario judicial.

En su presentación, describió que El Espinillo se integra mayoritariamente con Pueblos Originarios pertenecientes a las comunidades indígenas de las Etnias Qom y Wichi, que habitan el ejido urbano, periurbano, zona rural y treinta y siete Colonias y Parajes distantes unas de otras, en algunos casos a más de 70 kilómetros. Remarcó que en gran parte los miembros de las comunidades indígenas son personas categorizadas como vulnerables y de escasos recursos que necesitan permanentemente la asistencia del Estado.

Esta solicitud contó con los dictámenes favorables del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera quienes no mostraron objeciones. En ambos casos, se consideró que el depósito judicial posibilitaría que el municipio se haga cargo del mantenimiento de los vehículos y, a su vez, mejoraría las prestaciones de la comuna a comunidades indígenas de la zona.

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El depósito judicial, vale mencionar, es una medida cautelar que se utiliza en el ámbito judicial para asegurar la conservación y custodia de un vehículo que está involucrado en un proceso legal. Esta medida se aplica cuando es embargado, decomisado o retenido por orden de una autoridad judicial, y se designa un depositario judicial para su custodia.

El depositario judicial, a su vez, es responsable de mantener el vehículo en buen estado y de cumplir con las obligaciones establecidas por el tribunal. El objetivo principal es preservar el valor del vehículo y evitar su deterioro mientras se resuelve el proceso legal.

Al hacer lugar al pedido, los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia señalaron que actualmente existe un gran número de vehículos en inmuebles pertenecientes a Gendarmería Nacional que se encuentran retenidos como parte secuestros correspondientes a distintas causas judiciales.

Reconocieron que, en su mayoría, no cuentan con un resguardo adecuado, permaneciendo extensos períodos de tiempo a la intemperie sufriendo deterioros que los vuelven muchas veces irrecuperables, agravado por el hecho de que hacen las veces de reservorio de mosquitos y contaminan con derrame de fluidos.

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Consideraron que en este caso lo que debe primar es el “sentido común en cuanto a que las medidas cautelares, en la medida de lo posible, no deberían producir una mayor afectación de lo que por sí implica desposeer a un sujeto ligado a un proceso de bienes que eventualmente y a futuro podrían ser objeto de una medida de decomiso definitivo”.

Con todo, los jueces en feria de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Gustavo Cardozo y Roberto Arango, hicieron lugar al pedido y el 20 de enero pasado resolvieron designar a Cuellar como depositario judicial de un camión marca Volkswagen con batea y de una pick up Amarok. Remarcaron que los vehículos deberán ser utilizados de manera exclusiva para las tareas operativas y para toda otra labor inherente a los servicios que el municipio de El Espinillo, prohibiendo la afectación de los mismos en tareas que impliquen cuestiones particulares o personales.

Mafia

Si bien el préstamo de ambos vehículos tiene en los papeles un fin noble, lo llamativo es la evidente contradicción que muestra la Justicia Federal al poner como depositario judicial a un funcionario que está en la mira por presuntos desmanejos con fondos públicos.

Actualmente, Cuellar es uno de los imputados por la Fiscalía Federal de Resistencia en el caso conocido como “La Mafia del Desmonte”. De hecho, en diciembre pasado, su casa fue allanada por Gendarmería Nacional en búsqueda de elementos de prueba.

Impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), esta causa investiga a una presunta organización criminal integrada por funcionarios, exfuncionarios, diputados y empresarios. Estas personas están acusadas de cometer diversos delitos que van desde asociación ilícita, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, hasta los de negociaciones incompatibles de funcionario público, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Todo esto, en el marco de un entramado complejo mediante el cual se habría facilitado la tala indiscriminada del monte chaqueño con fines de lucro personal.

En su imputación, el fiscal, Patricio Sabadini mencionó a la Asociación Comunitaria Meguesoxochi, presidida por Zenón Cuellar, y al diputado provincial Juan José Bergia, jefe político de Cuellar. Esta asociación habría malversado fondos destinados a la preservación de los recursos naturales.

De acuerdo a la acusación, este dinero provino del Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas. El mismo estaba destinado a proyectos de conservación de bosques nativos para beneficiar a las comunidades de los pueblos originarios de la región. Sin embargo, gran parte de estos fondos habrían sido desviados.

Según la investigación, el exsubsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares, también imputado, habría asignado los cinco proyectos financiados (por un total de 100.000 dólares cada uno) exclusivamente a la Reserva Meguesoxochi, controlada por Bergia y Cuellar.

En esta jurisdicción se habrían denunciado explotaciones irracionales de bosques, lo que afectó directamente a la población indígena de la zona. También se investiga una presunta administración fraudulenta de los recursos. En palabras de Sabadini: “Fondos destinados para el bien, usados para el mal”.

Situaciones similares se observan con los Fondos Nacionales para la Conservación y Enriquecimiento de los Bosques Nativos, girados por el Estado Nacional a las provincias.

Desde su implementación, la Provincia del Chaco habría recibido 20 millones de dólares para la conservación forestal. Según la normativa, el 70% de estos recursos debía destinarse a planes de propietarios de bosques, mientras que el 30% correspondía a la Dirección de Bosques provincial para control y asistencia a comunidades campesinas e indígenas. No obstante, estos objetivos no se habrían cumplido, ya que los fondos se habrían utilizado para otros fines.

Entre 2013 y 2018, el Chaco recibió 10 millones de dólares, de los cuales apenas el 0,9% llegó a las comunidades indígenas y campesinas. En contraste, el 69,1% se destinó a empresas, sociedades anónimas y privados. Además, los planes de conservación abarcaron solo el 5% de las superficies protegidas, mientras que el 95% fueron sujetos a planes de manejo, tala y actividades silvopastoriles, catalogadas como desmonte encubierto por la Dirección de Bosques de la Nación.

De los 701 planes de conservación aprobados en nueve años, únicamente uno benefició a una comunidad originaria, protegiendo 63 hectáreas, frente a las 170.000 hectáreas destinadas a la extracción de madera.