Legislaturas secretas: en Chaco, ni la nueva gestión quiere brindar datos

En el Chaco el pedido de acceso a información de Ruido no obtuvo respuesta de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado (Juntos por el Cambio), en funciones desde diciembre de 2023. La nota formal se presentó el 22 de febrero de 2024 en dos de las tres oficinas con mesa de entrada.

Algo similar sucede en las legislaturas de casi 9 de cada 10 provincias argentinas, en las que se ocultan datos sobre contrataciones de personal o manejo de fondos, según revela la investigación de Ruido y Poder Ciudadano, «Legislaturas secretas: casi 90% de las provincias ocultan datos«.

La incorporación de 300 trabajadores en una planta permanente de 2.000 integrantes en 2023 es la irregularidad de mayor trascendencia que se tenga registro en ese poder durante el período democrático.

El ingreso se produjo durante el último de los seis años de la gestión de Élida Cuesta (Corriente de Expresión Renovada – CER), una política con orígenes en el Partido Justicialista.

En julio de 2023 un periodista consignó que la Cámara tenía 1.913 agentes, de los cuales 1.577 eran de planta. A fines de ese mismo año otra publicación en el diario Norte reparaba en un dato llamativo: que la Legislatura reportó un listado con 1.887 trabajadores permanentes, 199 más de lo previsto en el presupuesto para el año siguiente.

Mucho antes, en 2017, un sindicalista de la CTA aportó otra cifra mayor, cercana a los 2.500 integrantes, con mayoría de becarios que no concurrían a las oficinas.

Incorporaciones de personal sin precedentes

Una fuente con 15 años de antigüedad confirmó a Ruido que vio incorporaciones irregulares siempre y de todos los partidos. Sin embargo, la gestión de Cuesta no tuvo precedentes: se promovieron pases a planta de personas sin experiencia para ocupar cargos jerárquicos, mientras en el personal de carrera había trabajadores de hasta 20 años de antigüedad sin posibilidades de acceder a una recategorización.

En las filas del nuevo oficialismo también hay acusaciones. En un posteo de Facebook se repasaron las circunstancias poco transparentes en las que el actual gobernador Leandro Zdero, de Juntos por el Cambio, se incorporó como empleado legislativo bastante antes de resultar electo diputado provincial.

Los nombramientos se explican en una normativa laxa y discrecional. Alcanza sólo con la firma de la máxima autoridad para hacerlos efectivos. En concreto, el artículo 174 del reglamento determina que “los empleados de la Cámara ingresarán mediante concurso de selección o prueba de suficiencia, cuyas bases reglamentará la Presidencia”. Aunque el trámite también es posible con el aval, la connivencia y el silencio de la mayoría de los bloques, por lo que el acceso a la resolución que ratifica los últimos ingresos está sellado.

Sobre el salario

El salario de los trabajadores está atado al parámetro del sueldo de un diputado, las categorías equivalen a porcentajes parciales. Y por su composición se presentan brechas de hasta el 35% entre quien posee un título universitario y quien no. A ese porcentaje se suman variables como la antigüedad y otras bonificaciones, por lo que no resulta extraño que un asesor termine cobrando de manera legal más que un legislador.

En cuanto a los diputados, es notable que un sueldo inicial casi no se diferencie de otro con más antigüedad y que los dos estén por debajo de la línea de pobreza. Dentro de los 32 representantes que componen el recinto, un legislador que asumió en diciembre de 2023 percibe $320 mil en marzo de 2024 y otro con 20 años de antigüedad cobraba ese mismo mes $380 mil.

Lo que a simple vista no se ve es que un legislador dispone un monto mensual de un millón y medio de pesos para remunerar a sus asesores, unos cinco en promedio por banca. Ese personal tiene un contrato de gabinete -con aportes a la obra social de los estatales provinciales- y no todos cumplen funciones en oficinas de Resistencia ni en horarios fijos.

Debido a la dinámica de las sesiones y de colaboraciones en localidades distantes el registro de la presencia laboral también se vuelve poco transparente y sólo en cuatro de 12 oficinas hay controles biométricos, en los demás se firma la entrada y salida en una planilla.

Vínculos

Élida Cuesta está casada con Gustavo Martínez, exintendente de la capital Resistencia (2019 a 2023) y expresidente del Concejo Deliberante (2015 a 2019). Antes él fue ministro de Desarrollo Urbano y Territorial (2011 a 2015) durante el segundo gobierno de Jorge Capitanich y presidió Sameep, la empresa estatal de provisión de agua (2007 a 2011), durante la primera gestión.

Ambos fundaron y lideran el espacio político CER, que en la actualidad logró dos bancas legislativas (Andrea Charole y Elba Ojeda). Entre las aspiraciones sin éxito de las últimas elecciones están las candidaturas por un lugar en diputados nacionales y por la gobernación de la provincia.

Un dato complementario es que el tramo final de esta investigación, se desarrollaban las elecciones en la Asociación Gremial Unión Empleados Legislativos (Aguel). Después de años de intervención y la apertura de una causa judicial por irregularidades en el sindicato, en un hecho sin precedentes cinco listas pugnaban por conducirlo. El 25 de abril con 298 votos (38,95%) se impuso Lili Quiroz de la Lista 1 «Celeste y Blanca», afín al espacio político de la CER, que responde a la expresidenta legislativa Cuesta y al exintendente Martínez.