Escándalo en Santo Tomé: El intendente cobra 6 millones mientras empleados ganan 70 mil pesos

En la localidad correntina de Santo Tomé, una controversia salarial ha desatado un escándalo político que involucra al intendente José Augusto Suaid. Según denuncias de concejales opositores, el jefe comunal se habría aumentado su salario a aproximadamente 6 millones de pesos mensuales, mientras que los empleados municipales de menor rango perciben entre 70 y 120 mil pesos.

El concejal Pablo Leguiza, en declaraciones a Radio Nordeste, afirmó: «Él hoy estaría cobrando aproximadamente 6 millones de pesos, porque no únicamente cobra los 12 sueldos básicos de la última categoría, sino también el 100% de su representación más todas las bonificaciones que tenga«.

Este aumento salarial se habría producido a partir de la aprobación de una nueva carta orgánica municipal en mayo de este año, que entró en vigencia el 1 de junio. Leguiza señaló que antes de esta modificación, el sueldo del intendente era de 500 mil pesos.

La situación ha generado indignación entre los concejales de la oposición, quienes han solicitado reiteradamente información detallada sobre los salarios de los empleados municipales. «Venimos pidiendo la lista de trabajadores municipales para poder tener una información concreta, una lista detallada con las categorías«, explicó Leguiza. Sin embargo, estas solicitudes habrían sido archivadas o ignoradas por ser minoría en el Concejo Deliberante.

La disparidad salarial es notable: mientras el intendente percibiría 6 millones de pesos, los concejales cobran alrededor de 680 mil pesos, y los empleados de menor rango entre 70 y 120 mil pesos. «Los becarios y jornaleros cobran entre $70.000 y $120.000«, afirmó Leguiza.

Ante esta situación, los concejales opositores han decidido llevar el caso a la justicia. «Ayer hicimos una presentación judicial en Fiscalía«, reveló Leguiza, agregando que «se pide que se empiecen a investigar a raíz de la denuncia de la semana pasada que ha hecho una proveedora«.

La denuncia no solo abarca la cuestión salarial, sino que también incluye sospechas de irregularidades en la administración municipal y en la relación con proveedores. «Venimos viendo irregularidades, esto de no compartir la información, de no acercarnos las planillas de los trabajadores, acercarnos a un balance cuatrimestral de documentos«, explicó el concejal.