El juez Cormick dejó sin efecto el decreto que frenaba la norma del Congreso que volteó el veto de Milei.
El Juez Martín Cormick le ordenó al gobierno que cumpla con la actualización inmediata de las partidas para el pago de salarios docentes y becas estudiantiles, tal como lo dispuso la ley de Financiamiento Universitario insistida por el Congreso ante el veto de Javier Milei. El fallo es una pésima señal para el gobierno, que evaluó en los últimos días sacar un decreto para reponer o corregir el presupuesto que se termine aprobando en el Senado este viernes, si no se alteran los planes del oficialismo.
LPO reveló que los funcionarios de Milei temen un calvario judicial por mal desempeño y, por eso, en Casa Rosada dudaban sobre la conveniencia de resolver con un decreto lo que no pudieron hacer con política en el Congreso. Por caso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni podría enfrentar denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público, así como su antecesor en el cargo, Guillermo Francos, soportó la amenaza de una moción de censura en el Congreso.
En ese contexto, Cormick concedió la cautelar pedida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ante el decreto presidencial 759/25, que suspendió la ejecución de la ley de universidades bajo la excusa de que los legisladores no precisaron las fuentes de financiamiento para el objeto de la norma. Sin embargo, el magistrado consideró que ese decreto presentaba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
Para resolver el reclamo, el juez reparó en el largo camino de la ley 27795, una reversión de una iniciativa similar que también se había sancionado en 2024 y fue vetada por Milei cuando consiguió blindar el tercio contra la insistencia opositora. Este año, el Presidente volvió a vetar la iniciativa de las bancadas del peronismo, la izquierda, el pichettismo y los radicales para recomponer los ingresos de los docentes universitarios pero el oficialismo no pudo defender ese veto. Tanto el Senado como Diputados juntaron dos tercios contra Milei.
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Ante ese escenario, el Presidente dictó el decreto 759/2025, cuya validez fue cuestionada en la demanda pero, según el juez, “la insistencia legislativa no admitiría en el prematuro análisis que permite efectuarse cautelarmente, otra solución que la efectiva aplicación de la ley que se trata”. Cormick descartó que correspondiera admitir “una variante suspensiva” frente a la insistencia del Poder Legislativo.
El juez sostuvo en su resolución que el decreto de Milei está “reñido con el principio de división de poderes”.
La divulgación del fallo parece inoportuna para el gobierno, que se dispone a votar un presupuesto en el Senado que contempla fondos insuficientes para las universidades en el artículo 12, incluso después que le barrierarn el artículo 75. Además, la oposición logró abroquelarse contra las intenciones iniciales de la Casa Rosada de meter modificaciones al dictamen que llegó a la Cámara Alta con media sanción de los diputados, pero sin el capítulo 11, que contenía la derogación de la ley de financiamiento universitario.
Con esta definición del Poder Judicial, el gobierno constata por cuarta vez en el año que el sistema de educación superior le resulta un hueso duro de roer. Primero se aprobó la ley en ambas cámaras, después del veto la oposición juntó dos tercios para insistir con la norma, el miércoles pasado los diputados voltearon el artículo 75 que pretendía derogar la ley y ahora la Justicia dicta un amparo a favor de las universidades.
