Golpe al narco: líder del Cártel de Sinaloa fue sentenciado a pasar 22 años en una prisión federal en EEUU

Héctor Ojeda, considerado por la DEA como principal distribuidor de la organización criminal en Idaho, fue condenado a 262 meses de cárcel por su participación en el reparto de grandes cantidades de sustancias como metanfetamina y fentanilo

Un hombre de origen hondureño, identificado como Héctor Ojeda Manuel Aponte, fue sentenciado el 14 de marzo a 262 meses de prisión federal por su participación en la distribución de grandes cantidades de metanfetamina, fentanilo y otras sustancias ilícitas en el estado de Idaho, según informó la Administración para el Control de Drogas (DEA) en un comunicado. La condena, que equivale a más de 21 años, se dictó tras una investigación que lo vinculó con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

De acuerdo con la DEA, Aponte, de 44 años, operaba como el principal distribuidor de la organización en Idaho, lo que le valió ser considerado como líder del Cártel de Sinaloa en este estado.

Su red de tráfico incluía el manejo de aproximadamente 18 kilogramos de metanfetamina cada una o dos semanas, además de pastillas de fentanilo y sustancias conocidas como “sales de baño”. Para llevar a cabo estas actividades, utilizaba múltiples vehículos, escondites estratégicos y negocios fachada que le permitían ocultar y lavar las ganancias obtenidas de sus operaciones ilícitas.

El hombre fue acusado de distribuir fentanilo, entre otras drogas más. (Imagen ilustrativa/DEA)

Agentes de la DEA detallaron que Aponte no actuaba solo. Contaba con una red de cómplices que facilitaban la distribución de drogas en la región, así como una “sólida cadena de suministro”.

Su posición como líder en Idaho lo convirtió en una figura clave para el Cártel de Sinaloa, que ha sido señalado por las autoridades estadounidenses como una amenaza significativa debido a su capacidad para introducir grandes cantidades de narcóticos en el país.

El agente especial David F. Reames, a cargo de la División de Campo de Seattle de la DEA, destacó la conexión entre la inmigración ilegal y el narcotráfico, señalando que organizaciones como el Cártel de Sinaloa suelen emplear a personas en situación irregular para expandir sus operaciones.

“Me complace que en la DEA, junto con nuestros colaboradores del Departamento de Policía de Nampa y la Fiscalía de Estados Unidos, hayamos logrado que este acusado rindiera cuentas por los graves delitos que cometió contra nuestra comunidad, lo que resultó en esta larga condena de prisión. Ayer se hizo justicia”, afirmó Reames.

El hombre fue sentenciado a 22 años de prisión federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La condena de Aponte marca el cierre de una investigación que también llevó a la detención y procesamiento de otros cinco acusados. Entre ellos se encuentran Ernesto Díaz Gaspar, Wilkin Rolando Martínez Munguía, Cevin Alfonso Martínez, Jesús De Jesús Loera y Lawrence Barnes, quienes recibieron penas que oscilan entre los 30 y los 160 meses de prisión.

De acuerdo con las autoridades, los acusados Barnes y Loera son ciudadanos estadounidenses, mientras que los demás, incluido Aponte, son extranjeros que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos. Las sentencias fueron dictadas por los jueces federales Amanda K. Brailsford y David C. Nye, quienes evaluaron la gravedad de los delitos y el impacto de las actividades de esta red en la comunidad local.

El fiscal federal interino Justin Whatcott subrayó el compromiso del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos para combatir la amenaza que representan los cárteles mexicanos en el país. “El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se compromete a eliminar la amenaza que representan los cárteles mexicanos de la droga y su distribución de narcóticos en Idaho”, declaró Whatcott.

Asimismo, elogió la labor conjunta de la DEA y la Unidad de Investigaciones Especiales del Departamento de Policía de Nampa, que desempeñaron un papel crucial en la investigación y el desmantelamiento de esta red criminal. El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto David Morse, quien presentó las pruebas que llevaron a las condenas.