Falleció el agente que se descompensó en un entrenamiento de la Policía del Chaco

Duarte había sido internado el lunes tras descompensarse en medio de una jornada de entrenamiento del Curso Básico Nacional e Internacional de Infantería 2025, en condiciones que ya generaron fuertes cuestionamientos por las condiciones en que se llevó adelante, la posible falta de controles y una ululante situación de negligencia estatal.

El parte médico oficial reveló un cuadro alarmante: deshidratación severa, rabdomiólisis —una grave lesión muscular que puede causar daño renal— y necesidad de respiración mecánica. La gravedad del cuadro deja en evidencia las falencias en la planificación, supervisión y asistencia médica durante el curso.

Duarte, quien prestaba servicio en la Comisaría de San Martín, integraba un grupo de 47 agentes expuestos a una rutina de alto esfuerzo físico desde las 5.30 de la mañana, con tramos extensos de trote, y presunta escasa o nula supervisión profesional sobre su estado de salud. La coordinación estuvo a cargo del comisario inspector Miguel Agued, jefe del Departamento de Infantería, quien ya se encuentra bajo investigación.

No fue un caso aislado: otro agente, Germán Franco, también colapsó y presenta insuficiencia renal aguda, además de rabdomiólisis e hipovolemia. Su pronóstico sigue siendo reservado.
Mientras tanto, las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial no emitieron declaraciones que expliquen por qué se permitió que continuaran prácticas tan riesgosas en un contexto climático adverso y sin protocolos adecuados. Las responsabilidades parecen diluirse entre comunicados oficiales y partes médicos, mientras la familia de Duarte y el resto de los agentes esperan respuestas que aún no llegan.

Las condiciones en las que se realizó el curso reflejarían, una vez más, una profunda desidia por parte del gobierno provincial respecto de la seguridad y el bienestar del personal policial. No es la primera vez que un operativo o capacitación de esta índole termina en tragedia. Lo que está en juego no es solo la vida de quienes juraron proteger a la sociedad, sino la responsabilidad institucional del Estado en garantizar que esos agentes no mueran entrenando.