La menor creyó que la citación de la Justicia era para forzarla a abortar y protestó junto a su madre en la Ciudad Judicial de Tartagal.
Una nena de 12 años de la comunidad wichí vivió una situación límite en Tartagal, al norte de Salta. En las últimas horas, se encadenó en el edificio de la Ciudad Judicial por miedo a que la Justicia intentara obligarla a interrumpir su embarazo de cinco meses, producto de un abuso sexual.
La confusión surgió a partir de la citación judicial: la víctima interpretó que la audiencia era para forzarla a abortar, cuando en realidad solo debía prestar declaración testimonial en el marco de la causa penal.
Durante la protesta, la nena estuvo acompañada por su propia madre y por la referente wichí Marcela Calermo.
Abuso, embarazo y una investigación judicial
Todo empezó con una denuncia presentada por la fiscal penal de Violencia de Género de Tartagal, tras un caso de abuso sexual ocurrido en un paraje donde vive la comunidad wichí.
El acusado es un joven de 19 años, sobre quien pesa una orden de detención por el delito de abuso sexual con acceso carnal.
En esta misma causa, la víctima fue citada días atrás para declarar a través de un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), para resguardar su integridad y privacidad.
Sin embargo, la nena creyó que la convocatoria era para interrumpirle el embarazo en contra de su voluntad. Por eso, se encadenó en el edificio judicial, con su familia y referentes de la comunidad.
Asistencia psicológica
Ante la escena, una psicóloga del Ministerio Público de Tartagal intervino de inmediato. Le explicó a la nena que la citación era solo para que pudiera contar lo sucedido, y que nadie podía obligarla a interrumpir el embarazo en contra de su voluntad.
También se sumó un intérprete para garantizar que tanto ella como su familia entendieran perfectamente el procedimiento.
Una vez despejadas las dudas, la víctima accedió a brindar su testimonio y la causa judicial pudo avanzar.
Acompañamiento integral
En diálogo con distintos medios locales, la directora de Materno e Infancia de Salta, Patricia Leal, contó que fue ella quien detectó el embarazo durante un operativo sanitario en la zona rural, cuando la nena tenía unas ocho semanas de gestación.
Leal aclaró que la madre fue informada sobre todas las opciones legales, tanto la posibilidad de continuar con el embarazo como la de interrumpirlo, pero remarcó que “de ninguna manera se la obligó a abortar”.
Desde entonces, la menor recibe controles médicos periódicos en el hospital de Tartagal, con seguimiento de un equipo de tocoginecología, psicología, asistencia social y nutrición. Incluso fue internada para realizarle todos los estudios necesarios, ya que vive en una zona alejada.
La situación del acusado
Paula Tackzek, directora de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Tartagal, enfatizó que la ley argentina no puede obligar a nadie a interrumpir un embarazo en contra de su voluntad. Asimismo, recordó que una nena no puede dar consentimiento para mantener relaciones sexuales.
El Juzgado de Garantías N°2 ya ordenó la detención del joven acusado, y la Policía continúa con la búsqueda.
